El diputado provincial de Memoria Democrática y Cooperación al Desarrollo, Ramón Hernández, y el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, han realizado esta mañana una visita a las instalaciones del Cementerio Municipal en el marco de la segunda fase del proyecto de exhumación e identificación de cuerpos de la fosa común del camposanto pontanés, pertenecientes a personas represaliadas en la posguerra, concretamente en la primavera de 1940. Tal y como explicó el alcalde, el proyecto es fruto de la colaboración entre la Asociación Aremehisa, la Diputación y el Ayuntamiento, y da continuidad a la iniciativa llevada a cabo hace unos meses para tratar de identificar los restos hallados en una zona acotada en la parte más antigua del recinto.
Morales explicó que con el trabajo de Aremehisa “hemos conseguido seguir avanzando en este proyecto para identificar a cinco personas fusiladas en 1940 que pertenecían a partidos políticos y sindicatos. Se trata de un proyecto que arrancó antes de 2018, pero cuando el PP llegó al Gobierno de la Junta dejó paralizadas esas resoluciones y las asociaciones memorialistas han tenido que acudir a otras instituciones para tratar de continuar con ese cometido”. “En este mandato, desde la Diputación hemos trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento y con la asociación con un objetivo positivo, porque la Junta ha abandonado una de sus obligaciones y porque la ley de Memoria Histórica ampara estas actuaciones, siendo un deber moral que tenemos con las familias, para mostrarles cariño y respeto así como una sepultura digna a estas personas”, indicó el alcalde, quien también quiso poner en valor, de manera especial, la actuación de la Diputación Provincial “que se ha volcado con el proyecto, aportando en esta segunda fase unos 10.000 euros que permiten sufragarlo prácticamente en su totalidad”. “Esperamos que más pronto que tarde se puedan identificar esos cuerpos y puedan ser entregados a las familias”, concluyó.
Por su parte, Hernández, señaló que “vamos a seguir apostando por estos proyectos porque es una obligación legal y moral”. El diputado provincia, acusó a la Junta de estar desaparecida en este asunto “dejando morir la memoria mediante la eliminación de la financiación”, algo que ha hecho que la Diputación y los ayuntamientos “seamos los que hayamos tomado las riendas de los proyectos”. Hernández agradeció el trabajo de las asociaciones memorialistas y recalcó que este trabajo ha hecho posible que se estén llevando a cabo actuaciones similares en localidades como Palma del Río, Hinojosa del Duque, Monturque y Aguilar de la Frontera, criticando también la inacción del Ayuntamiento de Córdoba, del que dijo que “está dejando perder la financiación y no hace su trabajo, en una muestra de la ineficacia del gobierno municipal”.
Por último, Rafael Espino, presidente de Aremehisa, dijo que el proyecto que se está desarrollando en el Cementerio de Puente Genil, partió de una petición realizada en 2017 por familiares de José María Rodríguez Gálvez, que fue fusilado en 1940. “La investigación comenzó con esta familia, y hemos concluido que fueron más de 60 personas las que se encausaron en esa fecha, siendo unas 14 o 15 las condenadas a muerte, y permutándose las condenas al resto por otras penas. “Los fusilamientos se sitúan en la ubicación actual del Cementerio en torno al 24 de abril de 1940, creemos que junto a otras cuatro o cinco personas más. Hasta el momento hemos actuado y se han exhumado tres cuerpos, si bien también hemos localizado restos de otras nueve o diez personas”. Desde Aremehisa se ha indicado que se mantiene el contacto con cinco familias, lo que ha permitido saber los nombres de las personas represaliadas, concretamente Francisco Delgado Muñoz, Francisco Delgado Illanes, Francisco Pozo Escalera, Emilio López Avisbal, Francisco Lavado Arcas, Rafael Reina Hidalgo, Francisco Jiménez Jiménez y Francisco Rey Rodríguez. “A partir de ahora vamos a seguir trabajando en la identificación y en el estudio antropológico de cada cuerpo, porque los patrones de edad son bastante similares, todos ellos personas de entre 30 y 40 años aproximadamente. Tenemos la posibilidad de cotejar datos de ADN y ahora esperamos que las administraciones identifiquen y aporten fondos económicos para llevar a cabo los siguientes pasos”, finalizó.
