CSIF ha presentado una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba contra la UTE TSI, adjudicataria del transporte sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Córdoba, y el propio SAS como responsable solidario, al obligar la citada empresa a mantener jornadas laborales continuadas de hasta 48 horas.
En la denuncia elaborada por los servicios jurídicos de CSIF Córdoba se indica que “desde el inicio de la prestación del servicio por parte de la UTE TSI se está obligando a los conductores de ambulancias A1 a tener jornadas de 48 horas continuadas, sin descanso alguno, en las que los trabajadores se encuentran obligados a estar en las instalaciones de la empresa y, en cualquier momento, a disposición de atender el servicio de conducir los vehículos para el transporte de personas necesitadas de traslado sanitario dentro de la provincia de Córdoba”.
El sindicato denuncia que “esta actuación empresarial está provocando que los trabajadores que prestan este delicado servicio […] vengan sufriendo un importante daño emocional y psíquico, así como una disminución enorme, no solo ya en su capacidad física, sino también una tremenda extenuación psíquica debido a la enorme responsabilidad que conlleva su labor”.
Del mismo modo, el responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba, Antonio Andrés, señala que estos riesgos se acrecientan por el hecho de que estos trabajadores tienen que conducir a velocidades elevadas durante su horario laboral en vías urbanas e interurbanas con una gran intensidad de tráfico con una elevada presión al tener que cumplir con unos límites temporales muy precisos para asegurar la vida y la salud de la persona que se traslada”. Fruto de esta situación de tensión y estrés, ya se han producido dos accidentes sufridos por sendos profesionales en Cabra en el mes de enero y en Villarrubia el pasado domingo que llevaban más de 30 horas en servicio.
Por todo ello, CSIF considera que la UTE TSI podría ser autora de un delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo reflejado en el artículo 311.1º del Código Penal, que tipifica la actuación con engaño o abuso de situación de necesidad para imponer a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”.
La central sindical lamenta que el SAS, como entidad para la que se presta el servicio, “no esté haciendo nada para paliar la situación que se crea por parte de la adjudicataria, una omisión que también pudiera conllevar una responsabilidad penal para quien consiente tal actuación sin adoptar ninguna medida disuasoria o que pueda poner fin a esta situación”. “No queremos pensar que la intervención de las administraciones en este asunto se produzca cuando tengamos que lamentar el fallecimiento de un trabajador y/o usuario de las ambulancias en servicio por las condiciones laborales tercemundistas que sufren en la actualidad”, según apunta Andrés
Por otro lado, CSIF ha presentado una demanda en el Juzgado de lo Social por vulneración de los derechos de libertad sindical contra la UTE TSI al impedir el normal desarrollo del proceso electoral para que la plantilla pueda elegir a sus representantes en el comité de empresa. Andrés informa de que la última actuación en este sentido por parte de la compañía adjudicataria del servicio de ambulancias del SAS ha sido no permitir la constitución de la mesa electoral el pasado 10 de abril tal y como venía reflejado en el preaviso que CSIF envió al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de Córdoba el pasado 17 de febrero de este año.
