En el capítulo de mociones, el Pleno de la Corporación Municipal, ha aprobado, con los votos de PSOE e IU, la presentada por el grupo municipal socialista que solicitaba instar a la Delegación de Bienestar Social y Familias de la Junta de Andalucía a revisar todas las resoluciones otorgadas a las personas en situación de dependencia en Puente Genil con anterioridad al Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia, para que puedan beneficiarse del incremento de las horas de ayuda a domicilio en función del Grado reconocido. En concreto para el grado I, se pasará del máximo de 20 horas a entre 20 y 37 horas; en grado II, hasta ahora podían recibir entre 21 y 45 horas y ahora podrán tener entre 38 y 64 horas, y en el grado III, antes podían acceder a entre 46 y 70 horas y ahora, a entre 65 y 94 horas. En este aspecto, el alcalde, Sergio Velasco (PP), informó que el Ayuntamiento ya está enviando cartas a las familias de las personas dependientes informándoles de esta circunstancia.

Por otra parte, la moción también insta al Ayuntamiento de Puente Genil a reforzar el área de Servicios Sociales a fin de que se cumplimenten las revisiones que las personas dependientes tienen que efectuar para tener acceso a las nuevas prestaciones y número de horas de la Ayuda a Domicilio de los grados II y III; y por último, también insta al Ayuntamiento de Puente Genil a iniciar una campaña informativa para que las personas en situación de dependencia y sus familias conozcan las nuevas prestaciones y derechos y puedan solicitar las revisiones que le pudieran corresponder conforme al nuevo Real Decreto.

La que no salió adelante fue la moción presentada por el PP contra la tramitación de una ley de amnistía. Los populares defendían el «rechazo a cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito, considerando que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento; animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas; y dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia primera y ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y ministerio de Trabajo y Economía Social, al ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado; así a la Junta de Gobierno de la FEMP».