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UGT denuncia que conductores del transporte sanitario de Córdoba se ven obligados a dormir en camas improvisadas con sillas

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UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba denunció hoy la situación que siguen atravesando los trabajadores del servicio provincial de ambulancias cuyo servicio lleva a cabo la UTE TSI, licitaría de este servicio público. Según indican fuentes de este sindicato, “a pesar de los avances conseguidos por UGT con la empresa a primeros de año, la situación no sólo se encuentra atascada sino que, además, se están produciendo retrocesos que, de nuevo, están afectando tanto a profesionales como a la calidad del servicio”.

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, destacó “situaciones más que lamentables como la que padecen estos profesionales en el Hospital de Cabra, que se ven obligados a improvisar una cama uniendo sillas en un pasillo entre ascensores por las noches, a la vez que su descanso se ve interrumpido por el paso de personal del hospital y pacientes, algo intolerable”.

La secretaria ugetista señaló que, a diferencia de lo que sucedía con la anterior licitación, en la que los conductores esperaban en sus domicilios la llamada de cualquier urgencia, con esta empresa se ven obligados a hacer guardias en los propios centros sanitarios, “que no se han adaptado para poder disponer de zonas de descanso adecuadas para un personal al que se le exige, por su función al volante de un vehículo sanitario, una atención en la conducción y en el tratamiento de pacientes que no es compatible con estas condiciones”. 

     

Heredia indicó que desde UGT SP se pusieron en contacto tanto con la empresa adjudicataria del servicio como con el propio hospital sin encontrar respuesta alguna y denunció que “ninguna de las partes hace nada por arreglar esta triste y lamentable situación y desde el sindicato hemos solicitado, por último, una reunión conjunta con ambos para poder solucionar definitivamente esta circunstancia que afecta a empleados y al servicio público que ofrecen”. Según ha podido saber UGT SP, “una inspección de Trabajo habría fiscalizado ya este caso e impuesto una multa a la empresa de 9.000 euros, a pesar de lo cual aún siguen sin remediarla”, finalizó la secretaria ugetista.

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