El enorme atasco generado en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), encargado de la regulación de los miles de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se han presentado en España desde que entró en vigor el estado de alarma, está provocando retrasos importantes de cara al abono de las prestaciones por desempleo, y parece que no será hasta mayo -en el mejor de los casos- cuando los trabajadores desempleados comiencen a recibir ingresos del Estado, a pesar de que a muchos les comunicaron en marzo la suspensión temporal de su empleo.
Además, en el caso de Andalucía hay un problema añadido que ralentiza el proceso, ya que se requiere de una doble inscripción: en el Servicio Andaluz de Empleo y en el Servicio de Empleo Público Estatal, como paso previo para poder cobrar. Los afectados por expedientes temporales no tienen que inscribirse en el SEPE porque sus empresas lo deben hacer por ellos, pero sí tienen que darse de alta en el SAE.
En este contexto los que se encuentran totalmente desbordados son los trabajadores de asesorías y gestorías, que tratan de ir desgranando poco a poco la nueva legislación tratando de interpretar detenidamente los contenidos de cada normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El momento actual y la incertidumbre generada por la aplicación nuevos preceptos legales, ha generado una situación compleja que tiene, por el momento, a muchos ciudadanos, completamente en vilo.
