El grupo municipal de Izquierda Unida convocó ayer miércoles 4 de noviembre a las familias afectadas por la situación que se vive en la Residencia Inmaculada Concepción – DomusVi, a una reunión telemática para conocer de primera mano los testimonios y experiencias que han vivido en torno al contagio y desarrollo de COVID-19 de sus seres queridos y el trato recibido por parte de la empresa que gestiona la residencia.  

El encuentro contó con la presencia de la parlamentaria de IU-Adelante Andalucía, Ana Naranjo, que a partir de los hechos y situaciones que compartieron las familias elevará una serie de peticiones de información a la comisión de Sanidad del Parlamento Andaluz, relacionadas con la naturaleza y aplicación del protocolo anti COVID, test y pruebas de detección, los recursos con que disponía la residencia frente a la segunda oleada, y el tipo de medicalización llevada a cabo por la Delegación de Sanidad, así como su implementación en el tiempo.

Naranjo ha calificado de “demoledores” los testimonios de personas que han perdido a seres queridos en la residencia o que viven con la preocupación y el miedo a perderlos, y ha destacado “la falta de transparencia y los insuficientes recursos con los que ha contado el personal de la residencia para hacer frente a los brotes”, ya que “pese al esfuerzo de las auxiliares, no se ha podido evitar que los contagios se produjeran ni que las complicaciones de la enfermedad acabaran con la vida de sus mayores”.  

“Nos consta que las trabajadoras han estado desbordadas por la falta de personal, agravada cuando se producían contagios entre la plantilla”, afirman, y señalan que “si la empresa no pone recursos a disposición de la emergencia debe hacerlo la administración”. Desde Adelante ven “lógicas” las dudas que muestran los familiares acerca de los protocolos de prevención que se han puesto en marcha en la residencia, donde además “la falta de información sobre el estado de salud de las personas usuarias ha sido y sigue siendo una constante”.

Desde Izquierda Unida Puente Genil han señalado que «el objetivo es que las familias y todas las personas afectadas tengan respuesta a su demanda de saber al detalle qué pasó desde el 6 de octubre en la residencia, cómo entra el virus y cómo se propaga tan rápido entre plantilla y residentes, así como si los recursos humanos y materiales para la asistencia más básica han sido más que suficientes durante toda la crisis vivida en las últimas semanas». «Entendemos que la Junta tiene que indagar para conocer todo lo ocurrido en torno a la Residencia y cubrir el derecho a la información de familiares y usuarios, así como identificar errores y falta de recursos para que la situación no se alargue o no se repita en este u otros episodios”, señalan desde la formación». 

En la reunión también participaron miembros de la Plataforma en Defensa de las Pensiones de Puente Genil, colectivo que se ha movilizado desde el primer momento pidiendo explicaciones sobre la situación en la Inmaculada Concepción.