La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la comunidad andaluza, ha advertido de «la desprotección a la que está sometido el profesorado vulnerable, como mujeres embarazadas o personal con patologías graves, al que se va a obligar a acudir a su puesto de trabajo cuando comience el curso escolar».

Así lo ha puesto de manifiesto la presidenta del Sector de Educación de CSIF-A, Elena García, en una nota de prensa, donde ha asegurado que «se están denegando de forma generalizada todas las solicitudes de adaptación de puesto de trabajo o exención para acudir al mismo cuando la adaptación no sea posible, alegando este tipo razones».

«Este colectivo ha sido calificado de Riesgo 1, con lo que la Administración no tiene en cuenta la situación de enorme vulnerabilidad en la que se encuentra», ha agregado García, que ha censurado que la respuesta que ha dado la Consejería de Educación a personas que están en esta situación ha sido «que no precisa ni adaptación ni cambio de puesto de trabajo». 

Por eso, ha asegurado que el CSIF-A está trabajando para plantear acciones jurídicas contra las negativas a las solicitudes de exención que «se están produciendo a mansalva», cuando ha explicado que se trata de personas con cardiopatías, personas trasplantadas o inmunodeprimidas y también embarazadas para defender que «es muy grave que este tipo de profesionales haya recibido una catalogación de riesgo 1 cuando son personal vulnerable en esta pandemia, tal y como han determinado las autoridades sanitarias”.

«No es de recibo que en otros departamentos de la Administración un trabajador o trabajadora sin ninguna patología que acuda a su trabajo presencial lo haga con todas sus medidas de seguridad, como la distancia interpersonal, pantallas de protección o incluso la cita previa, y para los docentes vulnerables con situaciones de este tipo no haya una mínima consideración», ha añadido.

Por otra parte, la presidenta de CSIF Educación Andalucía se ha referido a la «contradicción» en la que cree que se ha sumido la propia Administración al proponer el empleo, o bien de mascarillas o bien de la distancia interpersonal, de manera excluyente en los centros educativos.

En esta línea, Elena García se ha referido a la orden 16 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud y Familias, que establece la obligación genérica para toda la población de mantener una distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio, y a la orden 14 de julio de 2020 que establece el uso obligatorio de mascarillas aunque pueda mantenerse la distancia de seguridad a todas las personas mayores de 6 años.

«No entendemos por qué se hace diferenciación en los centros educativos, que son espacios cerrados, de ventilación limitada en muchos casos y con un aforo que no es reducido», ha espetado la presidenta del sector de Educación de CSIF-A, que ha argumentado que «no tiene sentido que la propia Administración ponga en duda lo que establece en su propia normativa, con lo que se contradice con la intención de plantear una normalización en el inicio de curso que no es real».

En esta línea, se pregunta «por qué el planteamiento de la Administración somete a un riesgo al profesorado y al alumnado al que no se somete a la población en general, para la que tanto mascarilla como distancia social son normas obligatorias no excluyentes, sino complementarias», ha concluido.