La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía ha tachado este miércoles de «auténtico despropósito» el plan para la vuelta a las aulas en septiembre trazado por la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía que, a juicio del sindicato, «desprotege a docentes y equipos directivos, haciendo recaer sobre ellos toda la responsabilidad y sin disponer de los recursos materiales y humanos necesarios».
En un comunicado, la presidenta del Sector de Educación de CSIF-A, Elena García, ha analizado las instrucciones sobre la organización de centros educativos para el curso 2020-2021 de la Viceconsejería de Educación, y ha criticado que «no vienen acompañadas de los recursos suficientes y del personal cualificado que sería necesario desde un punto de vista técnico en materia de prevención de riesgos y desde el punto de vista sanitario».
En su opinión, «los equipos directivos quedan desprotegidos, al hacerles responsables de las medidas preventivas y de control que se adoptan en los centros y que nos les corresponden».
Al inicio de curso, según explica la responsable sindical, se tienen que emprender actuaciones técnicas y pedagógicas y, para ello, «la Administración andaluza se inventa figuras que cargan a docentes y equipos directivos de responsabilidad, si bien dichas fórmulas son de dudosa efectividad y carecen de la formación técnica que sería necesaria para afrontar la actual situación», según apostilla. «Se inventan un equipo Covid, integrado en definitiva por personal docente, responsabilizándolo de la elaboración de un plan de contingencia en el que se tenga previsto, entre otras cuestiones, si la educación va a ser presencial o a distancia, las medidas de prevención, higiene y de promoción de la salud, sobre las que no les corresponde a ellos decidir, ni le son propias, por su calado y especificidad técnica», ha manifestado García.
La presidenta de CSIF Educación Andalucía ha subrayado que «la Administración se autoexime de toda responsabilidad que debiera corresponderle, pero sí adopta un sinfín de exigencias desde un punto de vista técnico y pedagógico hacia los equipos directivos y docentes».
En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo andaluz «haya hecho oídos sordos a las reiteradas peticiones de CSIF sobre dotar y reforzar las plantillas de las unidades de prevención, porque en estas unidades se cuenta con personal cualificado, y es éste el que debería ejercer un papel muy activo en la evaluación de riesgos de los centros». A este respecto, ha añadido que «los técnicos de dichas unidades no deben estar contemplados como meros asesores para resolver dudas puntuales, tal y como aparece en las instrucciones, sino que deben tener un papel activo en la elaboración de los protocolos de actuación que van a tener que implementarse». CSIF Educación Andalucía considera que «se va a iniciar un curso inmerso en una crisis sanitaria sin precedentes y sin haber hecho las evaluaciones de riesgos correspondientes», al tiempo que señala que «también se ha hecho oídos sordos a las funciones que tiene los comités de seguridad y salud, que se han convocado, en el mejor de los casos, una vez durante toda esta crisis».
Por otra parte, Elena García ha considerado insuficientes el profesorado de refuerzo previsto por la Junta, «que se concreta en unos 4.014 efectivos para Infantil y Primaria, y no 6.300 como los que se anunciaban inicialmente». De este modo, «tan sólo alrededor del 50% de los centros se van a poder beneficiar de este incremento irrisorio de plantilla, que en el mejor de los casos, supondrá cuatro efectivos más», según ha remarcado.
Además, es un «error garrafal que para este curso escolar se continúen destruyendo unidades en la escuela pública, que suman ya más de 2.700 unidades perdidas, sólo en los niveles de Infantil y Primaria, desde el curso 2011-2012, según los datos de los que dispone el sindicato, que no cuenta con información actualizada y transparente a este respecto por parte de la Administración educativa», ha lamentado. Pese a ello, CSIF ha señalado que, en Córdoba se perderán el próximo curso escolar un total de 31 unidades, 16 de Infantil, 8 de Primaria, 6 de Secundaria y una de Formación Profesional (FP). En la capital serán 7 los centros públicos que se verán afectados por estas medidas (los CEIP Guillermo Romero Fernández, Obispo Osio, La Aduana, Concepción Arenal, Alfonso Churruca y Hernán Ruiz, así como el IES Puente de Alcolea), mientras que en Puente Genil serán otros tres (los CEIP Castillo Anzur y Miragenil y el Colegio Rural Maestro Rafael Chacón Villafranca) y en Lucena hay dos (los CEIP Virgen del Valle y Antonio Machado).
“En la situación actual, es el colmo que se continúe con la senda de eliminación de unidades en la pública cuando ello supone aumentar la ratio de los grupos-clase, es decir, el número de alumnos por grupo, cuando es algo que desaconsejan las medidas sanitarias y el propio sentido común», según ha remarcado.
