No ha tardado mucho el equipo de Gobierno en reaccionar a las declaraciones del portavoz municipal de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, quien esta mañana había denunciado que la consultora madrileña a la que el Ayuntamiento ha encargado un estudio sobre el modelo más eficiente de la gestión del agua en Puente Genil, estaba vinculada a una persona a la que Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y otros 15 de inhabilitación por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Así, desde el Ayuntamiento se ha remitido a los medios la carta enviada por la consultora PWACS al alcalde, Esteban Morales, y suscrita por Juan Pablo López Heras que dice lo siguiente:
“Estimado Alcalde,
El señor don Juan Pablo López Heras, Presidente de la consultora PWACS, trabajó en el Canal Isabel II en los años 2000 y 2004, y ha sido interrogado en la causa Lezo que se está tramitando en la Audiencia Nacional de Madrid, al igual que otras 150 personalidades políticas, sindicales y técnicos que en la actualidad siguen trabajando en la Comunidad de Madrid, incluyendo todo el Consejo de Gobierno de la propia Comunidad de Madrid, Presidida por el señor Ruiz Gallardón y todos sus consejeros, todos los Secretarios Generales Técnicos de todas las Consejerías, el Presidente de Canal Isabel II y todo el Consejo de Administración, defensor del Pueblo y todo el Organigrama del Canal Isabel II que trabajó entre los años 2001 y 2004”.
En la instrucción propuesta por la Fiscalía, se propone imputar por malversación al Consejo de Administración y los tres directivos implicados, entre ellos Juan Pablo López Heras. El juicio se haya en fase intermedia y con numerosos recursos pendientes de respuesta por parte del juez, por falta de pruebas, prescripción de los hechos imputables, defectos de procedimiento etc. El Consejo de Gobierno con Alberto Ruiz Gallardón a la cabeza ha sido desimputado, quedando solo la causa sobre malversación por defender la Fiscalía que el Canal de Isabel II compró por encima del valor real. En este punto cabe considerar que:
• El Canal de Isabel II compró INASSA en enero de 2002 por un valor de 80 M€, de los cuales 20 M€ fueron con recursos propios y el resto con ajenos con un préstamo de 60 M€ del BBVA.
• En 2003 se llevó a cabo una ampliación de capital con recursos propios del Canal de otros 18 M€, es decir en total el Canal aporta 38 M€.
• A Cierre de 2017, cuando se lanza la investigación, el Canal había repagado al banco el 100% de la deuda contraída y había recibido vía dividendos más de 150 M€.
• Desde 2011 el Canal tiene valoraciones del activo para su posible venta que se encuentran en el rango de 200 a 300 M€.
• Existencia valoraciones de Bancos, Bancas de inversión, auditores, consultoras, catedráticos, que soportan la valoración del Canal en el momento de la compra, y que definen como muy ventajosa.
A día de hoy todavía no se conoce la decisión de la Audiencia de iniciar juicio oral o cerrar el caso. En cualquier caso, ninguno de los imputados ha sido condenado. Además dada la extensa composición del Consejo del Canal entre los imputados se encuentran alcaldes de todos los partidos políticos, Consejeros de la Comunidad de Madrid, Presidente de la Confederación del Tajo, sindicatos y comité de empresa (UGT, CCOO y CGT).
PWACS no está inmersa en la causa, sus trabajadores no está imputados por ninguna causa, más bien al contrario, él y el equipo de profesionales de PWACS siguen siendo la referencia líder en España en el sector de los servicios públicos urbanos. Por supuesto, sin existir ninguna incompatibilidad para desarrollar sus funciones como contratista en el ámbito municipal.
PWACS es una empresa de reconocido prestigio en el sector, líder en el asesoramiento a las administraciones públicas locales en España, con más de 50 profesionales en su plantilla y con un gran número de ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, gobiernos autonómicos y empresas públicas entre sus principales clientes, además de gran número de entidades financieras e inversores y fondos”.
