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El PSOE reclama la actualización, conforme al IPC, de los precios públicos de las escuelas infantiles (0-3) de titularidad pública o conveniadas

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El PSOE presentará en el próximo Pleno de la Corporación Municipal, una moción en la que solicitará que el Ayuntamiento de Puente Genil inste a la Junta de Andalucía, a la actualización conforme al IPC acumulado desde el año 2020, de los precios públicos de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, así como de los centros conveniados con la misma. En la exposición de motivos de la moción, el PSOE señala que «la Plataforma de Titulares de Centros de Educación Infantil de 0 a 3 años es el colectivo que, nacido el pasado mes de septiembre, se pone al frente de la denominada “Marea Celeste” para defender los intereses de las cerca de 2.000 empresas del sector en Andalucía, a tenor de la difícil situación que atraviesan derivada de factores como la subida de los precios. En general, son pequeñas empresas, normalmente pequeños autónomos, que dan empleo a más de 16000 trabajadores y trabajadoras, la mayoría mujeres, en toda Andalucía, y que se encargan de la gestión del servicio público de la educación infantil de 0 a 3 años en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma».

«La disposición final cuarta del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, establece que la cuantía y bonificaciones de los precios públicos aplicables a los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, correspondientes a los servicios establecidos en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil, son las que se señalan en el Anexo III del mismo. Asimismo, la disposición final quinta del citado Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, establece que la determinación de los servicios prestados por las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos, así como la fijación de su cuantía y de sus bonificaciones establecidos en el Anexo III, podrán ser modificados mediante acuerdo de Consejo de Gobierno. De acuerdo con lo anterior, le corresponde a la Junta de Andalucía actualizar la cuantía de los precios públicos por los servicios previstos en el Anexo III del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, conforme a las subidas que ha experimentado el IPC desde septiembre del año 2020, fecha de la última actualización, sin que suponga traslado alguno de esa subida a lo que hasta ahora vienen sufragando las familias por la prestación de los servicios de atención socioeducativa y de comedor escolar, y se continúe fomentando el acceso a la escolarización en el primer ciclo de educación infantil».

«Según los representantes del sector, “la situación por la que atraviesan las cerca de 2.000 escuelas infantiles andaluzas es asfixiante, en especial, las adheridas al Programa de Ayuda a las Familias afectadas por las condiciones económicas determinadas por el incremento del IPC frente al precio-plaza establecido por el Gobierno andaluz y la subida acumulada que llevamos en estos tres años ya supera el 13%”.  Además, la incertidumbre es generalizada, a raíz de la aceptación por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, de los fondos europeos Next Generation para la creación de plazas públicas, que no se sabe aún en qué modo puede afectar a este sector. Actualmente, la inmensa mayoría de estos centros educativos están gestionados por pequeñas empresas de trabajadoras autónomas con una reducida capacidad económica, incapaces de financiar con fondos propios los gastos inherentes a sus actividades cotidianas. Es objetivamente constatable que el IPC acumulado desde el año 2020 supera el 13% como incremento del coste que cada plaza de nuestros hijos e hijas está generando por su educación infantil. Además hay que mencionar que la Junta de Andalucía solo abona 11 meses al año del coste de plaza aprobado con lo cual se aumenta el déficit que se está provocando a este colectivo que suponen las más de 2000 empresas en Andalucía que generan más de 16000 empleos en nuestra tierra». 

     
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