Los ayuntamientos de todo el territorio nacional con una población que oscile entre los 20.000 y los 50.000 habitantes tendrán que aplicar medidas destinadas a rebajar los índices de contaminación siempre que se superen los valores de calidad del aire regulados por las normativas españolas y europeas. Esa es una de las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021 por el Gobierno y que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) un área delimitada que restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento de los vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire. Su aplicación queda dentro del ámbito jurisdiccional de cada consistorio, que debe establecer las pautas y limitaciones a la circulación en función a criterios de emisiones, motivo por el cual la DGT les ha dotado de mecanismos normativos como las etiquetas medioambientales que clasifican a los coches en función de las emisiones.
Aunque se trata de una medida cada vez más habitual en las grandes capitales, lo cierto es que con la entrada de 2023 se obliga a adoptarlas a las ciudades de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y los de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados, aspecto éste que obliga a llevar un control de este indicador. El Real Decreto recientemente aprobado por el gobierno sobre esta materia incluye medidas como restringir el acceso de vehículos, fomentar el transporte colectivo, la bicicleta o el transporte público y los puntos de recarga de vehículos eléctricos. También contempla un régimen sancionador que incorpora un periodo transitorio de cuatro años para la adaptación a la nueva norma de los proyectos de ZBE establecidas con anterioridad a su entrada en vigor.
