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Artículo de Opinión: Jesús David Sánchez Conde

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              Tener una cuenta corriente en un banco no es una opción. A través de ella pagamos impuestos y servicios, y cobramos sueldos o pensiones. Es decir, somos clientes forzosos de un servicio imprescindible para disfrutar de otros servicios. 

              Las entidades financieras saben que no podemos dejar de ser sus clientes, y no lo disimulan demasiado. Tampoco disimulan que los grandes márgenes de beneficio que les reportan aún mayores ganancias (más de 20.000 millones en 2021) no están en atender a una abuela con la pensión domiciliada que va a sacar lo justo para llenar la cesta de la compra, a hacerle una transferencia a su hijo desempleado o a pagar al contado el recibo del agua. Ganan más vendiendo hipotecas, préstamos a empresas, seguros, o vendiendo “productos” financieros muy arriesgados y poco transparentes a quien quiera apostar a la ruleta de la bolsa de valores.

              A esto se le suma que la tecnología brinda la oportunidad de prescindir de gastos fijos que permitan aumentar aún más esos beneficios mil millonarios. Si te obligan a hacer tus trámites bancarios con el móvil o en un cajero, van a ahorrar mucho dinero en empleados y en oficinas físicas y su mantenimiento. Evidentemente, es absurdo cerrarse a los avances tecnológicos que también son una ventaja para mucha clientela, pero no menos cruel que dejar fuera del sistema a buena parte de la población, precisamente la más vulnerable.  Y no sólo me refiero a personas mayores poco familiarizadas con la informática a las que se cobran más comisiones por un servicio personalizado con horario reducido, sino a gente de todas las edades que por distintas razones carecen del acceso a la tecnología digital que exige, sin dar alternativa, este abuso de las grandes compañías financieras.

              Abuso, sí. Porque vulnera nuestros derechos como consumidores. Porque no se ha adaptado gradualmente a la sociedad, sino que le impone sus reglas basadas únicamente en la obtención de más beneficios de manera inmediata. De repente se cobran más comisiones por un peor servicio a quienes menos tienen y a quienes menos pueden.

              Y no sólo son los usuarios los damnificados por estas políticas de empresa. También su plantilla de personal, trabajadores y trabajadoras que ven cómo peligra sus puestos de trabajo, cuando su labor de asesoramiento y acompañamiento a clientes sigue siendo necesaria. Se les exige ejercer antes de comerciales que de recurso HUMANO en el sentido más amplio. Además, estos empleados y empleadas son quienes sufren las consecuencias del enfado, las quejas y situaciones tensas con clientes, fruto de decisiones que no han tomado y de las que también son víctimas. Como también son personas, no máquinas, se disparan las bajas por depresión en el sector, fruto de la precariedad laboral en empresas que, volvamos a recordar, dan beneficios de miles de millones.

              Las plataformas de pensionistas lo vienen denunciando desde hace tiempo. Iniciativas ciudadanas han dado la voz de alarma al respecto. El Gobierno ha dado algunos pasos exigiendo a los bancos la atención telefónica las 24 horas, pero eso sigue sin ser una atención cercana. Pedir humanidad a la banca, no nos engañemos, es mucho pedir. Hay que legislar al respecto, obligando a estas compañías a dar un trato personalizado a las personas, sean clientes o empleadas, sin más.

              Por nuestra parte, desde Izquierda Unida Puente Genil hemos conseguido que el resto de grupos políticos se sumen a nuestra petición a entidades de nuestro pueblo para que se atienda como es debido a nuestros vecinos y vecinas; y al Banco de España para que tome cartas en el asunto.       

Es de recibo.

Jesús David Sánchez Conde