La gestión de la prestación del servicio de agua en Puente Genil, en un horizonte de incertidumbres
Por: Rosa Gil
El servicio y la gestión del agua vuelve a estar en el punto de mira en Puente Genil. Este recurso hídrico y tan vital para el consumo humano ha vuelto a salir a la palestra informativa esta semana después de varios meses donde aún no habían tenido respuestas algunas preguntas como éstas: ¿qué pasará con la gestión del servicio de agua? ¿Quién será la concesionaria, privada o pública? ¿Cómo va a repercutir en el erario público y el bolsillo de la ciudadanía? ¿Cuándo se llevará a cabo? Son algunas de las preguntas claves para dar respuestas a la opinión pública sobre un asunto de bastante interés. Hablamos de uno de los contratos más importantes que un Ayuntamiento hace cuando se trata de la externalización del servicio.
Pues bien, esta misma semana algunas de estas interrogantes ya tienen respuesta, salía a la luz pública que la adjudicataria de este servicio, Aqualia desde el año 1996 y una prórroga de 5 años hasta 2021, conocía la voluntad firme de la no renovación del contrato al recibir la notificación de un decreto alcaldía, con fecha 26 de mayo, el cual informaba que “se adjudica un contrato menor de consultoría para la determinación del modo de gestión más eficiente y sostenible del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado la empresa PW Advisory & Capital Services, S.L”.
Esta decisión por parte del equipo de gobierno (PSOE), se dio a conocer por el portavoz del PP, quien denunció que esta notificación se había hecho fuera del plazo establecido, concretamente un año antes de la expiración del contrato. Se comunica seis meses después.
La reacción del otro grupo de la oposición (IU) cuyo portavoz, Jesús David Sánchez, no hizo esperar para hacer una valoración al respecto quien considera que el incumplimiento de plazos es un “hecho muy grave” al tratarse de un servicio muy cuestionado y con valoración deficiente en la localidad en los últimos años. Recordamos que este grupo municipal ya denunció en su día la gestión técnica y administrativa de Aqualia apostando por la remunicipalización del servicio. Entiende que desde el Ayuntamiento no se ha dado ningún paso para avanzar en la gestión pública y sobre todo lamenta el hermetismo del equipo de gobierno con este asunto.
Para sendos partidos, PP e IU, este incumplimiento de plazos puede desencadenar en una continuidad del servicio de forma automática.
Por su parte el equipo de gobierno municipal (PSOE) presidido por Esteban Morales, salió al paso e hizo unas declaraciones sobre lo sucedido quien refutó las críticas de la oposición sobre la posibilidad de que la actual empresa adjudicataria continúe con la gestión a partir de enero de 2022.
Esteban Morales, que también es el actual presidente de la entidad provincial Emproacsa, futura adjudicataria del servicio del ciclo integral del agua, explicó que las últimas modificaciones legales realizadas en este tipo de procedimientos administrativos y de estas características instituyen que las prórrogas en las concesiones administrativas han de ser expresas porque así lo garantiza la jurisprudencia frente a unas cláusulas de contrato que están vacías de contenido, esgrimió. Está convencido que desde el Ayuntamiento se están haciendo bien las cosas y por la vía legal.
Éste es el escenario sobre la gestión del servicio de agua y sin poder dar respuesta a la pregunta quién seguirá gestionándolo a partir de enero de 2022, si Aqualia o Emproacsa hasta no resolverse este procedimiento administrativo. Todo apunta a ser judicializado y termine en los Tribunales para que sea un juez quién dictamine la resolución a un conflicto que acaba de empezar, o bien en el mejor de los casos que ambas partes lleguen a un acuerdo.
Aqualia responde
“Sólo Puente Genil”, se ha puesto en contacto con la empresa concesionaria Aqualia, insiste que el contrato de concesión entre Ayuntamiento y Aqualia para la gestión del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento de agua muestra que la finalización del mismo ha de comunicarse con 1 año de antelación a la empresa, de lo contrario, como ha ocurrido y así lo manifiesta se entenderá una prorrogación tácita de 5 años más.
La concesionaria defiende su forma de proceder argumentado que este aviso por parte del Ayuntamiento no se había producido cuando tuvo conocimiento del decreto editado por alcaldía el 26 de mayo de 2021 para “tramitar el procedimiento conducente a la determinación del modo de gestión más eficiente y sostenible”. Además la concesionaria se escuda que al no existir acuerdo expreso aprobado en Pleno, “oponiéndose a la prórroga, el contrato no se había extinguido sino que se encontraba prorrogada automáticamente hasta diciembre de 2026”.
Éste es uno de los trámites pendientes y que el alcalde ha anunciado llevar a Pleno en los próximos meses para poder realizar el cambio de la concesionaria y nombrar a la nueva adjudicataria, Emproacsa.
Sobre las declaraciones vertidas por el alcalde sobre la Ley de Contratos del Sector Público respecto a las modificaciones hechas en 1999 alusivas a la eliminación de las prórrogas tácitas, éstas no tienen carácter retroactivo según ha informado Aqualia. Esto significa que no son aplicables a este caso debido a que la firma del contrato inicial se hizo en 1996. Existen sentencias favorables para Aqualia en situaciones similares, quien se vería obligada a recurrir a la vía judicial si el Ayuntamiento sigue firme en su empeño de traspasar el servicio a Emproacsa. Espera no judicializarlo para poder defender el cumplimiento del contrato.
Aqualia no da crédito a las declaraciones del alcalde sobre el modelo de gestión realizado, calificándolo de deficiente. Una valoración también compartida por el partido de la oposición IU. Según la concesionaria, durante estos años no ha registrado reclamaciones en sus oficinas por parte de los usuarios ni por parte del Ayuntamiento sobre la gestión del servicio. Es más, recurre a una encuesta realizada y publicada el pasado mes de octubre cuyos resultados arrojaban que entre los servicios públicos prestados, el de agua fue el mejor valorado en un 87,7% de los encuestados.
Acerca de la plantilla de trabajadores, Aqualia muestra su preocupación por el futuro de sus empleados, un precedente similar en otro contrato, Emproacsa razonó en vía judicial que no podía subrogar a los trabajadores de Aqualia al finalizar la gestión del servicio perdiendo éstos su empleo.
Reacción de la oposición si el caso llega a los Tribunales
La lectura que hace el portavoz municipal del PP, Sergio Velasco, espera que la exposición de argumentos esgrimidos por el regidor tenga peso para salvar la oposición de la prórroga. Si bien entiende que existen resquicios legales en este procedimiento administrativo ya que el equipo de gobierno municipal (PSOE) ha cometido un “error” al no haber notificado en el plazo establecido la finalización del contrato, por tanto entiende que hay una “duda de carácter jurídico” y Aqualia va a demandar al Ayuntamiento para reclamar la prórroga.
Baraja dos posibles escenarios, por un lado la prorrogación automática o la solicitud de una compensación económica por el “lucro cesante” sobre Aqualia. Se abre otra interrogante ¿cuál es la repercusión económica sobre el erario público? Velasco, opina que la judicialización de este caso generará un coste importante a las arcas municipales no sólo por el procedimiento judicial, lo más grave que la sentencia sea favorable a Aqualia y haya que indemnizarla por la rescisión del contrato.
El portavoz de IU, Jesús David Sánchez, espera que la resolución de la finalización del contrato no termine en los juzgados, si así lo fuera y cree puede llegar sería “un quiebro económico para el bolsillo de la gente como para las arcas municipales que también acaba pagando la ciudadanía”.
Teme que una sentencia favorable a Aqualia podría ser muy costosa para resarcirla, bien en forma de indemnización o pérdida del servicio. Un coste económico que según Sánchez “se podría invertir en mejoras del servicio de agua para evitar problemas como los que hoy vemos en Río de Oro, Calle Menéndez Pelayo, o los que hemos visto en La Mina”.
¿Qué información maneja los grupos de la oposición sobre el traspaso del servicio de abastecimiento y mantenimiento del agua?
Cabe reseñar qué información y seguimiento han realizado sendos grupos municipales, (PP) e (IU) durante este tiempo acerca del procedimiento conducente al traspaso de la concesión del servicio de agua. Ambos se quejan de la escasa información y falta de transparencia por parte del equipo de gobierno municipal (PSOE).
El portavoz de IU, manifiesta que en diversas ocasiones han formulado preguntas y realizado consultas sobre dicho proceso tanto en sesiones plenarias como en las comisiones informativas, obteniendo como respuesta que se estaba trabajando en ello. El grupo municipal tiene constancia sobre la auditoría que se está haciendo sobre la gestión integral del servicio aunque no le han mostrado informe alguno sobre cuestiones técnicas, jurídicas o administrativas.
La mesa técnica y política anunciada por el actual equipo de gobierno donde trabajar la recuperación del agua de forma participativa no se ha puesto en marcha. Además dice conocer “el contrato al dedillo” ya que han denunciado en diversas ocasiones abusos por parte de Aqualia si bien no esperaban un error de esta índole, un incumplimiento de plazo en la comunicación de la finalización del contrato. Señala que esta actuación evidencia “una vez más el agotamiento de un equipo de gobierno de salida, incapaz de la más mínima previsión y anticipación. Han puesto en peligro de manera innecesaria la recuperación del agua para Puente Genil con las ventajas que podría tener y llevamos años reclamando”.
El portavoz del PP, Sergio Velasco, quien apuesta por la concesión del servicio público a la empresa Emproacsa no ha recibido durante este tiempo ningún informe concerniente a la propuesta de la nueva adjudicataria así como las condiciones de contratación. Respecto al seguimiento hecho durante estos años, exponen que dieron su aprobación en Pleno a la prórroga del contrato, en 2016, con objeto de resolver el problema de abastecimiento y almacenamiento de agua, construyendo una nueva infraestructura hídrica en el Polígono San Pancracio.
Señala que fue el PP quien presentó en sesión plenaria un cambio en el modelo de gestión del servicio de agua, proponiendo a la empresa pública Emproacsa. Esta propuesta debatida en una de las sesiones plenarias de 2017 no fue bien vista por el regidor socialista. En su exposición de motivos le recuerda Velasco, dijo “que veía precipitado iniciar este tipo de negociaciones y conversaciones”. Poco después, tras ser nombrado Esteban Morales presidente de Emproacsa se produce un cambio de posición, apostilla Velasco.
Sólo Puente Genil ha contactado de nuevo con el equipo de gobierno con objeto de dar a conocer a la ciudadanía qué repercusión puede tener en la prestación del servicio de agua si este conflicto administrativo y jurídico no llega a solucionarse a finales de año. La respuesta del equipo de gobierno es “ninguna”, así de contundente y preciso ha respondido. En cuanto al traspaso de la concesión ha dicho que “desde el acuerdo plenario que apruebe el modelo de gestión pública y el convenio con la Diputación para la prestación del Ciclo Integral del Agua, la prestadora del servicio será Emproacsa, desde la finalización del contrato con Aqualia”.
En definitiva, así está la relación contractual entre el Ayuntamiento de Puente Genil y la empresa privada, Aqualia, marcada por un horizonte lleno de incertidumbre: ¿Quién prestará el servicio en 2022? ¿será una sentencia judicial quien lo decida? ¿Qué pasará con sus trabajadores? ¿Cuál será el coste de la judicialización del conflicto? o quizás … ¿Será posible una solución amistosa en los próximos meses? Demasiados interrogantes, a mi juicio, cuando se trata de una empresa que suministra un bien esencial para los ciudadanos, y que, además, atesora una experiencia de casi un cuarto de siglo en la gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua de Puente Genil.
