El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Deportes, José Antonio Gómez, ha anunciado que el Ayuntamiento aprobará en el próximo pleno que se celebrará a finales de enero el inicio del expediente administrativo para la resolución del contrato con Global Sport Group 4, empresa concesionaria de la piscina cubierta, por una manifiesta incompetencia en su ejecución.

Gómez explicó que “a finales del pasado mes de octubre explicamos públicamente que desde este equipo de Gobierno habíamos solicitado los informes jurídicos necesarios para determinar el tipo de incumplimientos que se estaba dando por parte del concesionario del servicio de actividades deportivas municipales en la piscina cubierta, a raíz de la constatación de reiterados retrasos en el pago de nóminas de los trabajadores así como de la existencia de dificultades para cumplir con el correcto mantenimiento de la instalación, tal y como establece el contrato al riesgo y ventura que se firmara el 28 de abril de 2017”. “Aproximadamente dos meses y medio después contamos ya con el informe de la secretaria general accidental que nos permitirá acordar el inicio de este expediente”, dijo el edil, quien añadió que para llegar a la tipificación de “manifiesta incompetencia”, la secretaria “realiza un repaso cronológico en su informe de todos aquellos momentos, informes técnicos, escritos presentados por los trabajadores a finales de 2019 o actas de las comisiones de seguimiento que suponen una prueba objetiva de la existencia de incumplimientos, tanto por el retraso en el pago de nóminas como por problemas en el mantenimiento de la instalación, algo que también se constata en el informe externo solicitado por este ayuntamiento y que se llevó a cabo entre enero y marzo de 2020”.

Goméz precisó que “tal y como establece el informe en el que se basa la propuesta a Pleno, al proponerse la resolución por causa imputable al contratista, procederemos también a proponer la incautación de la garantía definitiva que se formalizó antes de la firma del contrato, valorada en 41.791,31 euros, así como otorgar trámite de audiencia al concesionario, así como al avalista o asegurador del contrato, para presentar sus alegaciones en un plazo máximo de 10 días”. En este caso, si hubiese alegaciones, el Ayuntamiento tendría que esperar el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, en un plazo no superior a los tres meses. 

“Para terminar, y aunque nos hubiese gustado llegar hasta el final del periodo establecido por contrato, desde el Ayuntamiento valoramos positivamente el poder iniciar el expediente para poner punto y final a esta concesión porque, a pesar de haber hecho todo lo que estaba legalmente en nuestras manos para que no fuese así, son muchos los problemas que acarreaba para la concesionaria y para el equipo de magníficos profesionales que conforman su plantilla y, sobre todo, para los usuarios y usuarias de un servicio público que no podía satisfacer sus necesidades y aspiraciones de carácter deportivo, recreativo y de salud”, dijo Gómez, quien aclaró que “actualmente la situación sanitaria no invita precisamente a la apertura de la instalaciones de la piscina cubierta”. “Una vez cerrado este episodio, trabajaremos para poder abrir la piscina cuanto antes. Hay que asegurarse de que el recinto no presenta problemas de mantenimiento, y cuando hagamos una valoración se determinará si el Ayuntamiento puede asumir la apertura o se inicia un proceso de licitación ventajoso para el Ayuntamiento”, concretó el concejal, quien dijo no ser capaz actualmente de dar una fecha de apertura y que también matizó que el futuro de los trabajadores “es responsabilidad de la empresa concesionaria y es ella la que tiene que hacer frente a la situación de los mismos”.